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Analisis de la omision del Congreso de Yucatan en matrimonios y concubinatos mismo sexo

 El amparo directo en revisión (ADR) 5459/216 está, se supone, en vías de ser resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, y el secretario Ricardo Antonio Silva Díaz, han propuesto a los demás integrantes de dicho órgano colegiado revocar la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito (con sede en Mérida, Yucatán), “(…) a efecto de devolver los autos al tribunal colegiado para el efecto de que dicte una nueva sentencia, en la que conceda el amparo a la parte quejosa para que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia y emita una nueva en la que tome en cuenta que la acción prevista en los artículos 70, fracción III, de la Constitución de Yucatán y el artículo 99 de la Ley de Justicia Constitucional de ese Estado, es procedente respecto de la omisión de legislar en materia de matrimonio y concubinato para las personas del mismo sexo, sin que ello implique vincular a la autoridad responsable a realizar un pronunciamiento específico respecto al fondo del asunto, en virtud de que lo único que se resuelve en el presente amparo es la procedencia de la acción; ello con independencia de que se adviertan otros motivos de improcedencia que no hubiesen sido analizado en el juicio de amparo.”[1]    

 

Recordando brevemente el caso: el Tribunal Constitucional de Yucatán, al resolver la Acción por Omisión Legislativa o Normativa 01/2014 determinó, por el voto de siete de los once magistrados que lo integran, sobreseer en el citado proceso constitucional local bajo el argumento toral que los accionantes no probaron, esencialmente, un elemento de estudio previo y necesario respecto a dicha garantía judicial yucateca: el mandato expreso para legislar atribuible, en el presente caso, al Congreso del Estado, respecto a la legalización (y su constitucionalización en esta entidad federativa), del matrimonio y concubinato homoparentales. Respecto a tal determinación, el tribunal colegiado en cita negó el amparo mediante la convalidación de la inexistencia del mandato expreso como requisito de procedencia de dicha acción constitucional yucateca.

 

Dado que el autor de este artículo tiene injerencia en la raíz del problema (porque fui responsable de parte considerable del engrose previo y definitivo de la sentencia del Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán), es que para salvar mi imparcialidad me apoyaré, en lo sucesivo y necesario, en lo que se denomina “un argumento a la autoridad”: la experticia del doctor en derecho Rubén Sánchez Gil, plasmada en su escrito Omisión legislativa y matrimonio igualitario en Yucatán”, publicado en la revista Nexos (el juego de la Suprema Corte) el ocho de mayo del año en curso (Fuente de consulta: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=6575). Explicitado lo anterior, se dice lo consiguiente:

 

1.- La mayoría de la gente en pro del ADR 5459/216 parte de una premisa falsa: que los magistrados de la mayoría del Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán están en contra de respetar el acceso igualitario de las parejas homoparentales al matrimonio y concubinato. Nada más erróneo. No se trata de reconocer o no tal derecho, y los a él vinculados, sino de analizar lo que al respecto dice el tratadista invocado (en lo subsecuente se le nombrará “RSG”):

 

“La acción yucateca por omisión legislativa tiene por elementos: que sea pedida por quien tiene derecho a ello y en contra de una autoridad materialmente legislativa considerada por la Constitución y la ley (sujetos activos y pasivo, respectivamente); que se pida con base en un mandato constitucional expreso para regular determinada situación (causa remota); que se promueva contra la inactividad del legislador que supuestamente dejó intacta una situación que debió regular (causa próxima o de pedir); y que el tribunal pueda ordenar al legislador que regule dicha materia (objeto o fin).10 El fondo de dicho procedimiento, en cambio, consiste en determinar si la inactividad del legislador efectivamente cumplió o no ese encargo constitucional específico.”

 

En esta línea argumentativa, se insiste que lo que RSG llama “causa remota” no se evidenció, puesto que no existe un mandato expreso (radicado en la constitución yucateca, y/o en la ley local de justicia constitucional) para legislar “pro homoparentalmente”. Se insiste en esto porque, como el propio ADR 5459/216 enfatiza, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, mediante sus doctrina jurisprudencial, quien ha construido ese parámetro respecto del cual podría extraerse el deber de adecuar normativamente los actos de las autoridades (incluidas las legislativas), pero de modo alguno tal orden de legislar y/o normar halla asidero, expreso, en la ley suprema de Yucatán, ni en su ley constitucional correlativa, tal como esta última lo indica en su arábigo 102, fracciones III y V. En este sentido, cobra relevancia la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), plasmada en la sentencia del tribunal constitucional yucateco, de rubro ““DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.”         

 

II.- En la misma sintonía, se tiene que el ADR 5459/216 ignoró por completo (irónicamente, fue omiso…) en estudiar el alcance de los siguientes apartados de las Acciones de Inconstitucionalidad 8/2010 y 11/2011 promovidas en contra de la Constitución Política del Estado de Yucatán y de la Ley de Justicia Constitucional para el Estado de Yucatán, respectivamente,  resueltas por el Pleno del Alto Tribunal:

 

A.I. 8/2010:

 

a) Tipo de omisiones respecto de las cuales es procedente. Procede únicamente respecto de omisiones legislativas o normativas, que sean calificables de “obligatorias”. En esa medida, se refiere a las facultades materialmente legislativas de ejercicio obligatorio (…) c) Requisito de afectación a la Constitución o ley que funda la obligatoriedad de la legislación o normatividad. Para que la acción por omisión legislativa o normativa proceda, se exige que la omisión afecte el debido cumplimiento o impida la eficacia de la Constitución del Estado o de la ley en donde se estableció la necesidad de expedirla.---d) Consecuencia jurídica de la vía. Cuando todo lo anterior concurra y la acción sea procedente, su resultado concreto será decretar (sic) judicialmente la existencia de la omisión.

 (…) De lo anteriormente expuesto se desprende que esta vía no compromete ni afecta el proceso legislativo estatal ordinario, ni la facultad de iniciativa o de discusión, aprobación o promulgación de las leyes, puesto que la resolución del Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán no tendrá ningún alcance respecto del contenido de la normatividad faltante, sino únicamente sobre su ausencia y sobre la obligatoriedad de su expedición.”---Ello, en virtud de que la acción de que se trata procede sólo respecto de omisiones atribuibles al Congreso, al Gobernador o a los Ayuntamientos, por falta de expedición de normas jurídicas a que estén obligados por la Constitución o las leyes locales y siempre que se afecte el debido cumplimiento o la eficacia de éstas, de donde se sigue que dicha acción no vincula a los órganos obligados respecto del sentido de las normas jurídicas que deban emitir o en relación con el procedimiento que deba seguirse en términos de ley, dado que el Tribunal Constitucional local se concretará a decretar la existencia de la omisión y con ello se hará aplicable el plazo constitucional que el propio legislador local estableció para que aquélla sea subsanada.”

 (…)“Por tanto, la omisión legislativa o normativa atribuible al Congreso, al Gobernador o a los Ayuntamientos del Estado de Yucatán, respecto de facultades o competencias de ejercicio obligatorio, entendidas como aquellas respecto de las cuales la Constitución y las leyes locales los obligan o establecen un mandato de expedirlas31, en modo alguno permite que el Poder Judicial al que pertenece el Tribunal Constitucional del Estado invada la esfera de competencias que dichos órganos tienen para emitir normas jurídicas generales, dado que conservan sus facultades exclusivas, de carácter soberano o autónomo, para configurar con absoluta libertad las normas que deban emitir. - - -

 (Cita textual de la sentencia del órgano constitucional local).

 

A.I. 11/2011:

 

97 ADEMÁS, LOS PRECEPTOS LEGALES NO FACULTAN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE YUCATÁN PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE LAS NORMAS CUYA EXPEDICIÓN SE OMITIÓ POR PARTE DEL GOBERNADOR, EL CONGRESO O LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, SINO SIMPLEMENTE PARA EXIGIRLES EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER QUE DERIVA DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO.” (Cita textual).

 

III.- En este tenor, y tal como dice RSG, en la sentencia constitucional local se hizo mucho énfasis en la imposibilidad de acceder al estudio de fondo, y con ello en la eventual declaración de procedencia de la acción de marras, sin trastocar el Principio de División Funcional de Poderes, mismo al que se abocó la A.I. 8/2010. Nótese que dijo el letrado: “(…) Si reparar la “omisión” en que consiste una “inexistencia correlativa” significara obligar al legislador a emitir la norma que pretendió no crear, reemplazandode tal manera la que sí dictó, podría llegarse al extremo de que la justicia constitucional ejerza funciones parlamentarias y de que abiertamente y de facto legisle. Además, considerando que en Yucatán cualquier residente del Estado puede promover la omisión legislativa, lo anterior crearía un nuevo medio de control constitucional en esta entidad: una verdadera acción popular por la cual cualquier persona podría impugnar cualquier ley simplemente alegando que el congreso estatal —u otros posibles demandados— “omitieron” dictar las normas contrarias a las que en efecto crearon. Es decir, un medio de control que jamás pensó establecer el constituyente yucateco, pues de lo contrario lo habría dispuesto clara y específicamente. Estas consecuencias no se avienen con los principios constitucionales democrático y de división de poderes, pues favorecen la usurpación de las facultades legislativas por parte de la justicia constitucional.”

 

A fin de complementar la anterior opinión, se cita el siguiente apartado (de la autoría de quien redacta el presente artículo), mismo que se halla en la multicitada sentencia: “(…) Explicado que fue lo anterior es que se sostiene que, avalar la procedencia de la presente acción, amén de quebrantar el debido respeto entre las facultades y atribuciones del Poder Judicial y los demás Poderes del Estado de Yucatán, VIOLENTARÍA LA SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA de dichos entes de gobierno, así como de los gobernados, dado a que no habría, tal cual, un límite respecto a lo que se debiera considerar como el núcleo del objeto de la Acción Contra la Omisión Legislativa o Normativa: EL MANDATO OBLIGATORIO EN CUANTO A CREAR O MODIFICAR UNA NORMA JURÍDICA. Esta situación afectaría, a su vez, la DEMOCRACIA REPRESENTATIVA, ya que se avalaría la participación activa y sin límites de este Tribunal Constitucional en la dotación, o bien, en la modificación del contenido de leyes y demás normas jurídicas, en detrimento de las atribuciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.”

 

IV.- Retomando el cuerpo del ADR 5459/216, y como también advierte RSG, destaca la inconsistencia, severa, respecto a los efectos de la protección que de la justicia de la unión propone. Esto es, en sus resolutivos indica, se recuerda “(la acción…) es procedente respecto de la omisión de legislar en materia de matrimonio y concubinato para las personas del mismo sexo”; esto es, señala que aquella sí es la vía para reparar las omisiones en tal clase de legislación, pero, al mismo tiempo, parece salvaguardar la libertad de jurisdicción constitucional de dicho ente señalado como autoridad responsable cuando indica “(…) sin que ello implique vincular a la autoridad responsable a realizar un pronunciamiento específico respecto al fondo del asunto, en virtud de que lo único que se resuelve en el presente amparo es la procedencia de la acción; ello con independencia de que se adviertan otros motivos de improcedencia que no hubiesen sido analizado en el juicio de amparo.” El conflicto insalvable, desde la congruencia interna que debe permear en la redacción de mérito, radica en que en líneas precedentes convalidó el deber que tiene el estado de Yucatán para legislar en pro de las parejas del mismo género, es decir, es flagrantemente inductiva respecto al fondo del asunto. Nótese: “(…) Así, se advierte que dichos artículos pudieran generar por sí mismos un efecto discriminatorio, al distinguir implícitamente entre las parejas de distinto sexo y las parejas del mismo sexo: a las primeras les está permitido el acceso al matrimonio y concubinato, mientras las segundas no tienen esa posibilidad. De esa forma, por lo menos de la lectura inicial de dichos preceptos pareciera que el ordenamiento de Yucatán no contempla acciones que den cumplimiento al principio de no discriminación, por lo que debiera declararse procedente la acción por omisión legislativa y, en su caso, dentro del fondo del asunto estudiar de manera integral el ordenamiento para determinar si efectivamente existe dicha omisión[2](…) A mayor abundamiento, debe tomarse en cuenta que el efecto de la acción por omisión legislativa no es eliminar una norma en concreto, sino obligar al legislador a reparar o restaurar la regularidad constitucional, mediante la emisión de aquellas normas que resulten necesarias; tal y como lo establecen los artículos 111 a 113 de la Ley de Justicia Constitucional para el Estado de Yucatán, los cuales señalan: (…)”.[3]   

 

V.- Jugando al abogado del diablo, se pensaría que en el ADR 5459/216 se recordó que el acto reclamado no es una sentencia ordinaria emitida por un tribunal local más, sino el caso novedoso, importante y trascedente (como no podría no serlo dado a que activó la vía extraordinaria de la revisión en el amparo directo), de una resolución dictada por un tribunal constitucional respecto de un mecanismo ad hoc, y que en la práctica el espectro de su protección equivaldría a los de una acción de inconstitucionalidad en el ámbito competencial de la propia Corte, y no así a los de un juicio o recurso de amparo. Luego, no obstante que el tribunal colegiado negó en su momento su actualización, la revisión en cita, tal cual está redactada, forzosamente obligaría a la autoridad responsable a trastocar el Principio de la Relatividad de las Sentencias de Amparo, puesto que sería imposible que se legislara a favor únicamente de los quejosos y/o sus directamente representados. Como pilar de este argumento, se alude a la jurisprudencia 2a./J. 36/2012 (10a.), intitulada IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD.” El colmo de la ironía: este año se conmemora el bicentenario del natalicio de Mariano Otero, el representante ancestral (a nivel federal) de ese postulado, por ende conocido también como “La Fórmula Otero”. 

 

VI.- Mención aparte es la también omisión absoluta del ADR 5459/216 respecto del estudio del “interés legítimo” de los quejosos en el amparo. Esto porque, al accionar el  multicitado medio de control constitucional yucateco, únicamente se acreditó, por parte de los accionantes, ser ciudadanos residentes en el estado. Luego, queda la duda hermenéutica de cómo se analizó en el amparo la legitimación de aquellos en relación a un derecho fundamental personalísimo, individual o dual: el de obtener un estado civil. Esta aseveración cobra relevancia si se atiende que “los autores” del proyecto del que deriva la siguiente tesis aislada son los mismos ministro y secretario en cuestión (criterio, por cierto, no compartido del todo por los ministros José Ramón Cossío Díaz; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena): “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO PUEDE ALEGARSE VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS Y, POR ELLO, SOBRESEER EN EL JUICIO, CUANDO SE ACTUALIZA LA EXISTENCIA DE UN INTERÉS LEGÍTIMO EN DEFENSA DE UN DERECHO COLECTIVO.”

Conclusión: Para no hacer más extensa esta “defensa del propio trabajo”, queda decir que lo que se discute es la forma, la vía, y no el fondo del reclamo a la igualdad en cita. Es el análisis del derecho procesal, especialmente el procesal constitucional, y no así el sustantivo constitucional y/o convencional. Es la vigencia de las reglas procesales como garante del equilibrio in ter partes. De ahí que, en aras de salvaguardar las esferas competencias de cada uno de los poderes del Estado de Yucatán, evitando con ello el abuso de uno respecto del de los demás, es que no debe resultar fundado el citado recurso de revisión. No es óbice el que se diga que el Congreso del Estado de Yucatán no tendría manera de obligarse a legislar en materia de igualdad de derechos, puesto que, como lo evidencia el Decreto 468/2017 POR EL QUE SE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN MATERIA DE IGUALDAD, publicado en el diario oficial local el día ocho próximo pasado, esto lo puede perfectamente hacer, si quiere…

 

Francisco José Parra Lara

Mérida, Yucatán, México

11/V/2017

 

13 de Mayo del 2017

 

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