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Piden que los Gobiernos Estatales de Mexico presenten sus pasivos de pensiones

 

El sistema de pensiones en México es desigual entre individuos y generaciones, con riesgos de sostenibilidad por la carga presupuestaria y fiscal que representa para el país, y los recursos que se destinan al rubro de pensiones en instituciones de educación superior y en entidades federativas carecen de transparencia, alertó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

“No existe una política de pensiones en el país; en todo caso, podemos hablar de muchos sistemas de pensiones que se han ido creando para solucionar ciertas situaciones a modo de un parche. Lo anterior se agrava con la transición demográfica que provocará que haya más adultos mayores demandando pensiones dignas y durante más tiempo, lo que ejerce una presión al gasto público”, precisó Alejandra Macías Sánchez, coordinadora de Pensiones del CIEP.

En la presentación de su estudio “Pensiones en México: 100 años de desigualdad”, los especialistas del centro advirtieron sobre la existencia de más de 1,000 subsistemas de pensiones que atienden a distintos grupos de personas, lo cual impide visualizar el problema de manera integral, y cuyas soluciones mediante las recientes reformas “llegaron tarde”.

Para dimensionar el problema de la desigualdad, Sunny Villa Juárez, directora de Gasto Público del CIEP, explicó que el gasto en pensiones que tienen la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Luz y Fuerza del Centro es, en promedio, 8.9 veces más que lo que gasta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un pensionado de su sistema.

“Además, cabe mencionar que en el rubro de pensiones contributivas —es decir, de aquellos que sí aportaron para la pensión—, el IMSS absorbe 75% de todos los pensionados; sin embargo, sólo dispone de 50% del gasto total destinado a pensiones. Esto se traduce en que 25% de la población que se encuentra en el sector público gasta 50% del total de dinero destinado a pensiones”.

Aunado a esto, explica el documento, las generaciones pensionadas por el régimen de beneficio definido reciben una pensión equivalente, al menos, a 40% de su último salario, mientras que el régimen de la contribución definida sólo alcanza una tasa de remplazo, en promedio, de 30 por ciento.

Esta desigualdad también persiste en la tasa de contribución obligatoria. “En el IMSS se ahorra 6.5% del salario, mientras que en el ISSSTE el ahorro es de 11.3%, en la CFE es de 16.7%, y los trabajadores de Pemex ahorran 23%”, continúa el estudio.

Este contraste, además de afectar a los trabajadores, también impactaría a las finanzas públicas debido a la carga presupuestaria y fiscal que representa mantener ambos esquemas.

“Actualmente el pago de pensiones representa 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB); la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) menciona que para el 2022 se gastará 4.4% del PIB; esto es, casi un punto más, porque es muy probable que esta proporción esté subestimada”, consideró Sunny Villa Juárez.

Estas diferencias ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema, indica el estudio, pues aunque las administradoras de fondos para el retiro han tenido un buen rendimiento, representan una carga fiscal importante para las futuras generaciones, ya que gran parte de los ahorros de los trabajadores están invertidos en deuda gubernamental, respaldados por dinero que aún no existe.

“Es decir, las próximas generaciones tendrán que soportar esos ingresos por medio de un mayor pago de impuestos”, explica el documento, y en este sentido plantea la existencia de una reforma para el pago de las obligaciones por pensiones de beneficio definido, o de lo contrario, “quienes se encuentren en el régimen de cuentas individuales terminarán pagando no sólo sus propias pensiones, sino también de las generaciones que los antecedieron”.

En transparencia ya hay leyes, pero falta cumplirlas

A raíz de estos problemas, Héctor Villarreal Páez, director general del CIEP, enfatizó la urgencia de evaluar de qué tamaño es el pasivo contingente pensionario. No obstante, la información para ello aún es turbia por parte de entidades federativas y de las instituciones de educación superior.

En cuanto a los estados, el documento advierte que Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas y Quintana Roo requieren transparentar sus recursos para pensiones. “La separación de recursos federales por estado es reciente, y pocos han hecho una segregación importante de recursos para pensiones estatales”, contextualiza el estudio.

Por su parte, en la educación superior, el centro considera que hay un problema que está siendo minimizado e ignorado debido a que el déficit generado por el pago de pensiones en 28 universidades públicas estatales equivaldrá a 2% del PIB. “Si se quisieran pagar las pensiones hoy, se necesitaría tres veces el presupuesto de educación superior”, añade el estudio.

Al respecto, el director del CIEP dijo que “ha habido esfuerzos individuales (para dimensionar el problema), muy valiosos, pero todas las investigaciones se han topado con una fuerte limitación de información, no tuvieron acceso a registros, entonces deben hacer estimaciones basadas en muchos supuestos”, explicó.

De ahí que una de las peticiones del centro a la SHCP es que, en los Criterios Generales de Política Económica que acompañan a cada paquete económico, se haga una valoración de los pasivos contingentes pensionarios y sus plazos de vencimiento; “lo ideal es que en el país esto lo hiciera un Consejo Fiscal, pero al día de hoy, no lo tenemos”, refirió Villarreal Páez.

La Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, continuó, obliga a que los gobiernos presenten una valoración de sus pasivos contingentes pensionarios, pero esto no ha sucedido; por ello, el directivo instó a que la SHCP lo exija para presentarlo de una manera sistemática. “Si no conocemos a detalle el tamaño del problema, no vamos a poder tomar las decisiones correctas”.

juan.tolentino@eleconomista.mx

22 de Junio del 2017

 

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